Consumidores de Justicia

¿Por qué los ciudadanos no confían en la administración de justicia?. Pues a pesar de ello, hemos de decir que somos unos grandes consumidores de justicia, acudimos mucho a los tribunales, bien, me refiero a que acudimos bastante a los tribunales en auxilio de lo que se llama justicia. Lo cierto es que, con los tiempos que corren, también consumimos muchas noticias de caracter judicial. Actualmente, en muchos aspectos, podemos afirmar que nuestra vida está muy judicializada. Frente a esta situación de gran litigiosidad, ya se trató de disuadir a los ciudadanos con ir a los tribunales de justicia, con el establecimiento de las tasas judiciales, efecto conseguido sobre todo con la no recurribilidad de las resoluciones. Ya antes, habían alternativas voluntarias para no acudir a los tribunales de justicia, como son el arbitraje y la mediación. Son dos institutos que no ha terminado de tener calado, aunque se les haya fomentado como una solución alternativa a la judicialización de conflictos.

Al margen de que la ciudadanía  valora negativamente el funcionamiento de la justicia, además, no hay una administración y un servicio píblico que se perciba más hostil, y que genere  menos simpatia y confianza que la administración de justicia. Razones de ello, pueden ser varias, entre ellas:  La lógica insatisfacción por el resultado de una resolución judicial; resoluciones incongruentes e ilógicas; la lentitud de los procedimientos;  y porque no, el trato dispensado a los ciudadanos y a los justiciables, es decir, la falta de asertividad.

El mal funcionamiento que puedan percibir los ciudadanos, no sólo se ha de achacar a la falta de recursos materiales, argumento recurrente y socorrido, sino también a la falta de capacidad del personal  de los juzgados y tribunales. Aunque no lo pueda parecer, los jueces, y los ahora llamados letrados de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales), también son servidores públicos, destinados a servir a los ciudadanos, a los justiciables, y que han de dar cuenta de su ejercicio como altos funcionarios del Estado a través del Consejo General del Poder Judicial. Las decisiones que adoptan y las resoluciones que dictan los jueces estan sujetas entre otros, al principio de legalidad, y las resoluciones judiciales han de ser fundadas en derecho y suficientemente motivadas para preservar el llamado derecho a la tutela judicial efectiva que tiene todo justiciable, y que supone una garantía de que el juez se somete a la ley, al ordenamiento jurídico, y supone una prevención de la arbitrariedad, a la par que facilita el control de las resoluciones dictadas por los interesados.

Los abogados somos esos profesionales, que desempeñamos una función primordial, ya que actuamos como intermediarios, abogando por  los intereses y derechos de los clientes que han de acudir a los tribunales solicitando justicia. La praxis forense demuestra que muchas veces da la sensación, que más que litigar ante los tribunales, se esté litigando con los tribunales en contra. Los rifirrafes con el personal de las oficinas judiciales son habituales, y los justiciables son a menudo testigos de actitudes y comportamientos muy alejados de lo que debería ser un servidor público. El problema es de raíz,  el personal de los juzgados, aparece investido de un estatus que les confunde con la de una deidad. Se olvida que la administración de justicia como tal administración, es un servicio público, y todos los funcionarios adscritos a la misma, son servidores públicos. Y todo servicio público, como tal, esta destinado a servir, a atender a los ciudadanos. Y lo cierto es que esta concepción no aparece muy arraigada en la ciudadanía, y mucho menos asumida por los funcionarios de la administración de justicia.

Habrá que ir recordando, y así se dice en la website del Ministerio de Justicia, que el Pleno del Congreso de los Diputados, el 16 de abril de 2002, aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, como proposición no de ley, el texto de la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia, que establece un catálogo de derechos de los usuarios de la Justicia. Como muchas veces…papel mojado!.

Rojas Jaile advocat